Director ejecutivo de Fundación Progresa,

Tras una serie de protestas desarrolladas a lo largo del país que buscaban evitar la instalación de dos termoeléctricas en la IV región, el presidente Sebastián Piñera informó esta mañana que solicitó la reubicación del proyecto para evitar que se afecte el medioambiente y la biodiversidad del lugar.

Tras el nuevo escenario, el director ejecutivo de la Fundación Progresa, Eduardo Vergara Bolbarán, señaló que: “La decisión del presidente Piñera es valorable y una señal que debe ser escuchada por todos los sectores del país. No olvidemos que el plan para instalar esta termoeléctrica pasó antes por otros gobiernos. Sin embargo, estamos alerta respecto al lugar donde estas termoeléctricas se va a instalar. Muchas veces estos proyectos se levantan en sectores donde la sociedad civil esta poco organizada, o que son poco habitados, asumiendo que se puede destrozar el medio ambiente lejos de la vista de los ciudadanos. El respeto por el medio ambiente es una promesa incumplida y la sociedad civil sigue despertando en masa para exigirlo”.

El proyecto fue aprobado este martes, por 15 votos a favor y 4 en contra. Los 15 votos favorables fueron de representantes del gobierno local.

“Ahora es el momento para que la sociedad civil reaccione y se organice para ser parte de este proceso. Por lo mismo, le pedimos al Presidente Piñera que cumpla con sus compromisos de ampliar los espacios de participación e impulse mecanismos de consulta ciudadana, abiertos y vinculantes, para que los chilenos puedan decidir sobre el futuro de esta termoeléctrica que hoy ronda como un fantasma que nadie quiere cerca suyo. No podemos permitir que estas decisiones sigan siendo tomadas por autoridades impuestas, que poco y nada representan la voluntad de los ciudadanos; y por sobre todo, cuando son respecto al futuro de nuestro planeta al que tanto daño le hemos hecho”, señaló Eduardo Vergara.

El presidente del PRO calificó de monarquía presidencial el actual modelo chileno y recordó promesas incumplidas del actual gobierno.

Esta mañana el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, inauguró la  segunda jornada del Congreso PERCADE  2010, encuentro enfocado en temas de trabajo y empresa y que este año convocó a líderes de diferentes ámbitos del quehacer nacional, para plantearse frente al desarrollo  del país.

Enríquez-Ominami se refirió a la necesidad de generar recambios generacionales en la política chilena para que los nuevos desafíos sean enfrentados con miradas distintas. “El sistema político cumplió un ciclo. En la tendencia natural de las dos coaliciones que han tenido grandes logros pero también son responsables de lo bueno y de malo, el concepto ha sido crecimiento económico más  gasto social como sinónimo de una  fórmula. Yo entiendo que a partir de esto,  todos nos hemos ausentado de otros debates. Soy un convencido que tanto la izquierda como la derecha tienen un sinnúmero de temas pendientes y es tan evidente que casi la mitad de los chilenos no se siente representada con las actuales coaliciones políticas”, señaló el presidente del PRO.

En este sentido, comentó que el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar el desarrollo de un país y puso como ejemplo  a China que crece a tasas anuales cercanas al 8% y a Perú que lo ha hecho en los últimos años en índices similares.

Enríquez-Ominami señaló que para hacer las reformas que Chile necesita es necesario cambiar el sistema político. El presidencialismo, señaló, impide que las transformaciones se puedan realizar con el ritmo necesario y la calificó el actual modelo chileno como monarquía presidencial. “Vamos a fracasar si no cambiamos el sistema político. En un sistema semipresidencial, después de los pingüinos, por ejemplo,  un primer ministro  asume el problema y si no cumple se va. Acá puede pasar cualquier cosa menos esa”.

Consultado por la prensa en relación a la venta de Chilevisión y la instalación de de dos  termoeléctricas en la IV región, que en horas recientes el presidente Piñera ordenó reubicar para evitar daños ecológicos, Enríquez-Ominami señaló: “Me parece que la venta de Chilevisión es un compromiso que tardíamente cumple Sebastián Piñera. Es gravísimo que un presidente no haya vendido un canal de televisión antes de asumir su mandato, pero así es la monarquía presidencial: los presidentes pueden incumplir su palabra. Otro compromiso que aún no se cumple es el 7% de los jubilados anunciado en marzo, estamos casi a septiembre y aún ni siquiera se envía la ley. Respecto a Punta de Choros, me parece que es parte de lo mismo, una promesa que si la ciudadanía no la recuerda, habría pasado desapercibida. Sin embargo, celebro la decisión de no intervenir una zona protegida, sin embargo, creo que esto va a seguir ocurriendo, en Quitero y Puchuncaví también hay termoeléctricas y se siguen aprobando. Esto no va a parar porque es un problema  sistémico. Y pasa también por cambiar el sistema político para que la gente pueda votar sobre estas materias”, afirmó el presidente del PRO.

Enríquez-Ominami se refirió también a declaraciones de personeros de la Concertación que afirman que no es posible llegar a acuerdos políticos con personas sino que con partidos: “En el PRO estamos creando robots a ver si pueden dialogar con los robots de ellos, pero hasta lo que yo sé las conversaciones se hacen entre personas. Ahora, que algo les quede claro, nosotros no queremos estar en la Concertación y todos los diálogos que se puedan establecer con esa coalición serán siempre programáticos, de ideas”.

En más de 100 notarías a lo largo de todo Chile, los simpatizantes del PRO podrán firmar como fundadores de este nuevo espacio político.

Tras la aprobación de los estatutos del Partido Progresista por parte del Servicio Electoral (SERVEL), el PRO ya está en condiciones de reunir las cerca de 40 mil firmas que le darán estatus legal como partido político nacional.

Los equipos territoriales comenzarán a partir de este fin de semana a reunir firmas en puntos públicos y notarías para alcanzar el 0.5% correspondiente a la última votación de 2009.

“Necesitamos 40 mil firmas, 40 mil voluntades de chilenas y chilenos que quieran participar de este proceso en el cual los estamos invitando a ser parte, a ser fundadores de un espacio político distinto que, entre otras cosas, se diferencia de los demás partidos porque tiene primarias obligatorias, vinculantes para cada cargo de representación popular, referéndums revocatorios, tribunales de disciplinas que están dedicados a velar por la democracia en el Partido y no  perseguir a sus militantes, cuotas para mujeres, jóvenes y grupos étnicos, depende de las regiones que los representen, progresivamente en cada una de las directivas nacionales y regionales. Porque tiene un federalismo real, en el cual cada una de las regiones va a tener sus propios consejos generales, sus propias directivas que van a velar por los temas de cada una de las regiones”, señaló Cristian Warner, secretario general provisorio del PRO.

Los estatutos del Partido Progresista fueron aprobados esta semana por el SERVEL y, con eso,  ya se puede comenzar el proceso legal: “Estamos muy contentos porque después de un largo proceso en que hemos podido estudiar e investigar los más importantes estatutos de los partidos políticos del mundo, hemos podido presentar ante el Servicio Electoral, a nuestro parecer, los estatutos partidarios provisorio más democráticos, participativos, tolerantes, innovadores y modernos que tenga el sistema político chileno. Esos estatutos, que han sido aprobados por el SERVEL, nos dan el puntapié para iniciar la última etapa de la legalización del Partido Progresista”, afirmó Warner.

El Pro tiene 210 días para reunir las firmas que lo legalizarán definitivamente para ser un actor político dentro del sistema chileno: “Queremos participar del debate, queremos ser un partido programático, de ideas, de aportes, constructivo  en la relación de Chile y los temas que importan, los temas progresistas, los temas de tolerancia y los que la ciudadanía que está gritando que, por favor, sea tomada en cuenta ya que no ha tenido eco en los líderes actuales”, afirmó el vicepresidente de Organización del PRO.

Vea los estatutos aquí

El presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, señaló que se debe reformar  un sistema que permite que las autoridades locales no escuchen a su comunidad.

Los votos de todos los Seremis y de tres gobernadores de la región, fueron los que esta mañana aprobaron el proyecto de la empresa GDF Suez, que construirá dos centrales termoeléctricas contiguas a reservas marinas en la IV región.

Quienes aprobaron el proyecto, señalaron que la iniciativa cumple con las normativas ambientales, sin considerar las críticas de una parte importante de la comunidad de La Higuera y de grupos ambientalistas que han desarrollado una férrea campaña de oposición al proyecto.

“Votaciones como ésta, hablan de la necesidad de que las autoridades locales sean elegidas por sus comunidades. ¿Qué tipo de autoridades son las que no consideran la opinión ciudadana en sus decisiones públicas? No tienen legitimidad y, por lo mismo, sus decisiones no están comprometidas con las personas. El uso de suelo, en este sistema colonial, no depende de los ciudadanos y debiera ser parte del desafío de cada uno de nosotros exigir que, por ejemplo, los intendentes sean elegidos democráticamente para que sea la voz de la comunidad la que los mandate”, señaló el presidente del PRO.

El proyecto Barrancones fue abordado durante la pasada campaña presidencial y los entonces candidatos se plantearon frente al tema. Al respecto Enríquez-Ominami señaló: “El respaldo a este proyecto en la Corema regional, que contó con la clara aprobación de las autoridades de gobierno, contradice la promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que se opondría a todas las centrales termoeléctricas que atentaran contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida. No es comprensible la votación de las autoridades de gobierno en la región, cuando el presidente señaló que en su gobierno  promovería las energías limpias y renovables y que sería muy riguroso y exigente con proyectos termoeléctricos. Espero que la vieja tendencia que ya conocemos no se encarne en la nueva forma de gobierno: ganar con promesas y gobernar con explicaciones”.

En tanto, el encargado del Equipo PROEnergía, Miguel Márquez, señaló que  la proliferación de centrales a carbón obedece básicamente al bajo costo del carbón, dada la consideración parcial de impactos ambientales; estrategia de desarrollo expansivo del sistema; además de la voracidad energética de ciertos sectores económicos. “Chile carece de política energética a secas y de una política energética sustentable. De lo que Chile dispone es de una política de oferta energética basada en la expansión física del sistema, con ciertos atisbos de ahorro y un tímido fomento a las fuentes renovables. Los mercados energéticos nacionales no funcionan bien, son poco transparentes, concentrados y no propenden a la eficiencia energética ni al ahorro o conservación de la energía. En este sentido, por ejemplo, podríamos dar solución a la construcción de termoléctricas cuestionables, como las de Barrancones, si todas las mineras y las industrias intensivas de consumo eléctrico ahorraran el 2% al año de su consumo. En 10 años nos ahorraríamos entre dos y cuatro centrales térmicas como las que se aprobaron hoy”, agregó Márquez.

El presidente del PRO señaló que si no se persiguen responsabilidades penales en los accidentes que atentan contra la seguridad de los trabajadores, situaciones como las de Copiapó seguirán repitiéndose en Chile.

Al menos un mes de encierro deberán vivir los 33 mineros atrapados en la Mina San José antes de ser rescatados por los equipos que trabajan en el norte del país. Durante ese tiempo deberán ser estabilizados con una dieta balanceada en líquidos y luego en hidratos de carbono para que puedan, además y con casi toda certeza, participar en las maniobras de su propio rescate.

La compleja situación que han vivido los trabajadores no necesariamente implicará que las personas responsables del derrumbe reciban sanciones concretas. Al respecto, el presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, señaló: “Que se haya encontrado a los trabajadores vivos es francamente increíble. Quiero, por lo mismo, enviar mi reconocimiento al equipo de rescatistas y al gobierno por la tarea de coordinación que realizó durante estos días; sin eso encontrar con vida a los mineros habría sido imposible. No obstante, la gran alegría que sentimos todos no puede hacernos olvidar la responsabilidad de personas concretas que, con sus actos u omisiones, permitieron que este accidente ocurriera. Por lo mismo, con un grupo de diputados anunciaremos la reposición de la ley que elaboramos con Juan Bustos hace dos años y que penaliza los delitos contra la seguridad laboral”.

La iniciativa presentada en enero de 2008 será desarchivada en el Congreso Nacional y presentada nuevamente a discusión parlamentaria: “Proyectos como éste habrían podido evitar el accidente en Copiapó. Los trabajadores necesitan respaldos laborales efectivos y eficientes y los actuales organismos que debieran defenderlos, luego del accidente de San José y otros muchos, queda claro que no tienen ni las atribuciones reales ni la voluntad para hacer el trabajo que los chilenos les mandatamos”, señaló Enríquez-Ominami.

El proyecto de ley señala que aquellas personas que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene que corresponden, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física,  podrán ser castigados con penas de presidio menor y multas de entre 500 y 3000 UTM. En el caso de la muerte del trabajador, se establecen la pena de presidio mayor en su grado medio. “Creemos que ya es tiempo para que la agenda laboral sea prioridad en la discusión parlamentaria y en los esfuerzos del gobierno, por lo que esperamos que la reposición de esta iniciativa legal sea recibida en un clima de consenso en la Cámara de Diputados”, afirmó el presidente del PRO.

Lee aquí el texto del proyecto de ley:

Tipifica delitos contra la seguridad del trabajo

Boletín N° 5708‑13

1. Prolegómenos.‑ La legislación del trabajo fue dictada para dar protección al trabajador, que es la parte más débil en la relación jurídica laboral que constituye el contrato de trabajo. Antes de las leyes del trabajo, la relación trabajador-empresario quedaba reglada por el viejo Código Civil, que supone una equivalencia de fuerzas y análoga libertad e independencia de decisión entre ambas partes contratantes. Como enseña el profesor Novoa Monreal, “está equivalencia no existe, de hecho, pues el trabajador está compelido a aceptar finalmente las condiciones que quiera imponer el empresario, debido a que su falta de medios económicos constituye una presión que arrastra su voluntad’.

Existe una fuerte tendencia en el orden comparado en la tutela penal que introduce ilícitos penales que tutelan a los trabajadores. Lo anterior puede apreciarse en el Código penal español de 1995 (artículos 311 a 318, Título XV, bajo la rúbrica de los delitos contra los derechos de los trabajadores, modelo seguido en esta propuesta), el Código Penal Francés (Capítulo V, sección 3a, sobre las condiciones de trabajo contrarias a la dignidad de la persona, artículos 225‑13 a 225‑16), el Código punitivo del Perú de 1991 (Capítulo VII, bajo la denominación de la violación a la libertad de trabajo en su artículo 168) y como último ejemplo significativo, entre otras legislaciones, el Código Penal Argentino (Título V de los delitos contra la libertad, sección cuarta artículos 158 y 159, como delitos contra la libertad de trabajo y de asociación).

Desde el punto de vista criminológico, los delitos en este ámbito pueden considerarse una modalidad más de la criminalidad de cuello blanco, que a su vez nos lleva a las razones comunes por las cuales el sistema penal no es capaz de alcanzar a este segmento de la criminalidad en atención a la profunda selectividad de la criminalización secundaria. Es por eso que se requiere una reformulación de las tradicionales formas de imputación. En cuanto a la función y ámbito de tutela, podemos señalar que se extiende a tres grandes grupos: a) Protección penal de las condiciones mínimas de trabajo; b) Protección penal a las condiciones personales de trabajo, referidas en nuestro ordenamiento a la seguridad e higiene en el trabajo; c) Protección penal, y regulación en última instancia, del principio de autonomía colectiva y de las reglas de actuación colectiva.

De tal manera, las interrogantes legítimas planteadas en el párrafo anterior, como las dudas razonables extraídas del debate actual de las ciencias penales, se satisfacen –provisionalmente- ante las necesidades del “mundo de la vida”, pues e derecho penal estaría actuando ante actos u omisiones insoportables del punto de vista de la prevención y protección de los intereses sociales, no buscando resolver el conflicto, pues claramente la pena carece de esos atributos.

Tal como señala TERRADILLOS, “aún en .su configuración como derechos de los trabajadores, gran parte de éstos son reconducibles a las condiciones mínimas de funcionamiento del orden social y económico de la producción, o, .si se quiere, a la tutela del trabajo como actividad productiva. Así sucede típicamente con el conjunto de derechos del trabajador individual en cuanto inserto en la empresa como unidad productiva. A través de ello se opera el reconocimiento del marco de condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo y de relación del trabajo asalariado, previamente diseñado por la legislación laboral ordinaria”[1]. Lo mismo ocurre con los principios de autonomía colectiva contemplados en la Constitución, entendiendo que la protección debe orientarse en garantizar el funcionamiento de dichas organizaciones.                                                                                  ‑

Si bien en el sistema español no existe una posición uniforme en el bien jurídico en esta clase de delitos teniendo por una parte, quienes creen que en una pluralidad de bienes teniendo como elemento común referirse el sujeto pasivo al trabajador (MUÑOZ CONDE), otros sostienen que el objeto jurídico de tutela es unitario. Esta última posición nos parece adecuada, ya que tal como señala BAJO FERNÁNDEZ[2], el bien jurídico se concreta en los intereses del trabajador considerado como parte del contrato de trabajo y como miembro de una clase social o grupo con una posición concreta en el mercado de trabajo.

Por lo anterior es posible sostener que en esta clase de delitos lo que se protege es el interés del Estado en que se respeten las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores por cuenta ajena, siendo el propio Estado quién establece estas condiciones mínimas, al dictar normas legales y reconocer eficacia a los convenios colectivos[3].

2. Ideas matrices.‑ El presente proyecto se funda en la idea de otorgar protección penal, en un sistema doble o reforzado, a los Derechos de los trabajadores, entendido como bien jurídico protegido, fruto de la revisión de aquellas conductas insoportables que atentan contra los valores sociales. Un segundo aspecto dice relación con la función política de la pena en esta clase de delitos, pues se utiliza el poder punitivo como último recurso ante la ineficacia de otros mecanismos de control social. La reforma proyectada supone agregar un nuevo párrafo 17 que incorpore al Título VI del Libro Segundo del Código Penal, los delitos contra la seguridad del trabajo.

El legislador no puede estar de espaldas a la realidad: aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de por qué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado de una forma determinada. Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Único: Agréguese el siguiente párrafo 17 al Titulo VI del Libro Segundo del Código Penal

“17. Delitos contra la seguridad del trabajo

Artículo 341 bis.‑ Los que con infracción de las normas de prevención de accidentes de trabajo, no. faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, .serán castigados con las penas de presidio menor en su grado medio y multa de 500 a 3000 UTM.

En caso que se produjere la muerte, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado medio.

En caso que se produjeren las lesiones a que se refieren los artículos 396, 397 o 399 del Código Penal, serán castigados con las penas establecidas en dichos artículos, aumentadas en un grado”.

[2] Cfr. QUINTERO OLIVARES y VALLE MUÑIZ, Comentarios a la Parte especial del Derecho Penal, Editorial Aranzadi, 1996, p.806.

[3] QUINTERO OLIVARES y VALLE MUÑIZ, Op. et loc. cit., p. 806 y ss.

El presidente del PRO señaló que el país no puede olvidar las responsabilidades de quienes han sido partícipes  del accidente.

Luego de conocerse que los 33 mineros atrapados en la Mina San José de Copiapó están vivos, el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, señaló que es necesario intervenir seriamente para que accidentes como éste no se repitan en Chile.

“Es realmente un milagro que los 33 mineros estén vivos. Me sumo a la alegría de las familias de los trabajadores y a la de todos los chilenos que han celebrado espontáneamente esta noticia. Queda mucho aún, hay que sacarlos de ahí y eso demorará más tiempo. Espero que la angustia que hemos sentido durante 17 días no vuelva repetirse nunca más en Chile”.

En este sentido, Enríquez-Ominami recordó que desde 2008 permanece archivado en el Congreso un proyecto de ley que presentó junto al entonces diputado socialista, Juan Bustos, que buscaba perseguir  los delitos contra la seguridad de los trabajadores. El proyecto apunta, justamente, a evitar situaciones como las vividas por los mineros de Copiapó: “si el Estado no protege a los trabajadores nadie lo hará. El trabajador se encuentra en condiciones desiguales frente a los dueños de las empresas; y los sindicatos, como queda demostrado en el caso de los mineros de Copiapó, no cuentan con herramientas para exigir sus derechos como corresponde. En estas materias, como en muchas, el mercado no regula, ni le interesa regular salvo para privatizar las ganancias y repartir los problemas”.

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de diputados el 15 de enero de 2008 y permanece archivado desde esa fecha. Al respecto Enríquez-Ominami señaló: “Lo ocurrido en Copiapó no sólo debe ser investigado en profundidad, sino que tiene que generar las condiciones para que los delitos de cuello y corbata que cometen tanto empresarios como funcionarios del Estado sin escrúpulos, no queden impunes. Espero que en el Parlamento se genere el consenso necesario para que este proyecto de ley se reponga y con ello se coloquen los derechos laborales como prioridad de las discusiones parlamentarias y en las del gobierno”.

Enríquez-Ominami señaló además que es necesario investigar en detalle las causas que produjeron el derrumbe: “La mina San José debió cerrarse hace mucho, tal como lo señaló el anterior director de Sernageomin, Anton Hraste. ¿Quién explica, por ejemplo, por qué este director que en 2007 actuó de manera responsable cerrando el yacimiento que atrapó a 33 personas, fuera removido de su puesto? Se habían producido ya accidentes recurrentes, graves y fatales que justificaban el cierre, sin embargo, la decisión de las autoridades fue remover al director del servicio. Eso es incomprensible”.

Hraste fue alejado del cargo cuando los empresarios de la compañía San Esteban, propietaria de la mina, gestionaban la posibilidad de volver a explotar el mineral, el que finalmente fue reabierto en 2008 cuando oficiaba como director regional de Sernageomin, Marcelo Guzmán.

“Es importante que tanto la investigación judicial como la parlamentaria, lleguen a conclusiones que permitan tomar medidas para que esta situación no vuelva a repetirse en Chile. Hay que analizar las responsabilidades del SERNAGEOMIN, pero también las de la Dirección del Trabajo que tiene las atribuciones para detener una faena si lo estima necesario y  aquí existieron antecedentes de sobra. No puede ser que en decisiones tan delicadas como ésta, primen las utilidades por sobre la vida de las personas. En solidaridad a las familias que sufrieron tanto y durante tantos días, no descansaremos hasta que se aclare completamente lo que aquí ocurrió”, afirmó el presidente del PRO.

La propuesta plantea una reducción del

El Equipo PRO Economía y la vicepresidenta de Educación y Cultura del Partido Progresista (PRO), Claudia Pérez, entregaron hoy una propuesta para rebajar el IVA al libro, a fin de mejorar el acceso a la cultura.

La nueva propuesta programática del PRO busca rebajar el IVA al libro a través de una Reforma Tributaria integral que contempla un IVA diferenciado, según el grado de necesidad de los distintos bienes y servicios que se transan en el mercado. De esta manera, se mejoraría el acceso  a la cultura generando una política que incentive el “gusto por leer”.

“Sabemos que la falta de acceso a una buena educación es la base de la pobreza, por lo tanto, el acceso al libro es una mejora sustancial a la educación, sobre todo en la clase media y los sectores más desposeídos. Esto va a ayudar a reducir la brecha entre ricos y pobres, lo cual es el tema relevante en nuestra sociedad hoy día. La educación regida por las leyes del mercado ha demostrado ser discriminatoria y cruel. Este punto ha generado la enorme segregación social que existe hoy en nuestro país”, señaló Claudia Pérez.

La propuesta del PRO plantea rebajar el IVA al libro a un 5,5% legislando en favor del denominado precio único, de manera que el editorialista o el importador de libros, bajo la supervisión de un comité especializado, fije un precio para todo el país, sin importar el lugar o momento donde se realice la venta. Esta medida permitiría, entre otras cosas, el surgimiento de múltiples librerías para asegurar la calidad y variedad de la oferta.

“Esta reforma es perfectamente posible. Sólo se necesita voluntad. Países como México, Argentina, Colombia y Brasil ya han eliminado progresivamente el IVA al libro. La Unión Europea ha avanzado en este camino. Chile también puede hacer lo mismo, y por eso hacemos un llamado al gobierno de Sebastián Piñera para que implemente una medida que irá en directo beneficio de todos los chilenos y chilenas”, señaló el economista y vicepresidente de Asuntos Programáticos del PRO, Camilo Lagos.

De visita en Perú, el presidente del PRO señaló que es necesaria una renovación generacional en la política latinoamericana.

En el contexto de la conferencia La Hora de los Jóvenes en la Política, que dictó para el Instituto de Cultura Política de Lima, Marco Enríquez-Ominami señaló que es importante que las nuevas generaciones tomen un rol activo en la política latinoamericana.

“Cuando me invitaron a dictar esta conferencia dije que sí inmediatamente porque creo que la renovación generacional de la política latinoamericana es fundamental. Y no es que yo reivindique la idea de que los jóvenes tengan el monopolio de alguna cosa específica, sino que me parece necesario el debate sobre lo que puede aportar una generación nueva respecto de la política. Los jóvenes en Chile son una voz distinta, con menos complejos y, por lo mismo, serán ellos los convocados a generar las transformaciones que requerimos. Por eso, es urgente que el presidente Piñera cumpla con su promesa de campaña e implemente ahora la inscripción automática y el voto voluntario”, señaló Enríquez-Ominami.

Por otra parte, afirmó que las generaciones actuales, en términos de ideas y programas políticos, ya están superadas. A juicio del presidente del PRO, es tan evidente aquel retraso que, en muchos casos, los políticos del pasado se ven obligados a proteger corporativamente sus intereses. Enríquez-Ominami destacó que en el caso chileno, por ejemplo, algunos senadores presentaron  una ley que obstaculizaría que candidatos descontentos con sus partidos puedan abandonar sus colectividades y presentarse como independientes. “Buena parte de los candidatos que van por fuera de los partidos lo hacen porque los espacios internos de participación no existen. Ése fue mi caso en la candidatura presidencial 2009 y sé que es la situación de muchos otros que intentan generar nuevos espacios en la política chilena. Si este proyecto de ley prospera, candidaturas como la nuestra, que contaron con el respaldo del 20% de la población, van a ser casi imposibles. Creo que eso es propio de generaciones que aplican lógicas de su pasado gris y que ya debieran jubilar”, comentó Enríquez-Ominami.

Durante su exposición, además, habló  de la importancia del Estado en una economía mixta y puso de manifiesto el caso de los 33 mineros atrapados en Copiapó. “Si el Estado no es activo  en temas de derechos laborales, nadie lo será. En estos espacios no hay mano invisible que regule, sino políticas públicas que resguardan los derechos de las personas y no sólo las utilidades de las empresas”.

El presidente del PRO abordó también el tema de la integración regional y el necesario reforzamiento de los vínculos de cooperación entre los dos países: “Tenemos que trabajar más y mejor en relación a la vinculación de dos países hermanos como los nuestros. Es evidente que tenemos mucha tarea pendiente y espero que nuestros gobiernos sean capaces de abordarla con altura de miras y que una frase como la del Huáscar no tensione de la manera que ya vimos nuestras relaciones”.

La conferencia de Enríquez-Ominami contó en el comentario de destacados académicos y políticos peruanos, entre ellos, Fernando Tuesta Soldevilla, Director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Luciana León Romero, Congresista de del Partido Aprista Peruano. Durante su gira, el presidente del PRO se entrevistó con el alcalde de Lima, Óscar Castañeda, con quien abordó la agenda de integración regional del PRO y desarrolló, también, una intensa agenda de medios.

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El Mercurio de Calama

Alejandra Bottinelli, vicepresidenta de Organización Regional, fijó posición del Partido Progresista (PRO) frente a un proyecto de ley presentado por emblemáticos senadores de la Concertación.

En la Comisión de Gobierno Interior del Senado avanza un proyecto de ley que busca delimitar con un año de anticipación la renuncia de los militantes de partido en caso de que quieran  presentarse como candidatos independientes en elecciones municipales, parlamentarias y/o presidenciales.

El proyecto fue aprobado el martes -en general y particular- por los legisladores quienes intentan evitar que la renuncia a los partidos se pueda hacer con 60 días de anticipación a la fecha de elección y, de esta forma impedir, que candidatos no aprobados por los partidos puedan “ir por fuera”.

De haber estado vigente esta ley en 2009, no habría permitido, por ejemplo, que casi el 20% de la población votara en 2009 por Marco Enríquez-Ominami, como candidato independiente a la presidencia del país. “Lo que busca este proyecto de ley es proteger aún más a los partidos políticos y desproteger a los ciudadanos y militantes. Los partidos no deben tener el monopolio del pensamiento crítico, ni político. Son clave pero no deben agregar barreras de entrada. Cuando los candidatos dejan de militar ya sea por razones personales o porque asumen candidaturas independientes, en la mayor parte de los casos, no lo hacen para chantajear a los partidos. Normalmente lo hacen porque los espacios internos de participación son nulos y al no haber mecanismos de democracia interna buscan una salida a espacios oxigenados”, señaló Alejandra Bottinelli, vicepresidenta de Organización Regional del PRO.

Los autores del proyecto sostienen que la fuga de militantes, por esta vía, provoca serios daños y que la iniciativa surge tras un aprendizaje de todos los partidos políticos. “En vez de buscar métodos que blinden a los partidos políticos por medios de proyectos de ley, los senadores que presentaron esta propuesta deberían preocuparse por modernizar los hoy arcaicos partidos, promover que la ciudadanía se sienta representada en ellos y garantizar mecanismos democráticos. Este proyecto hace todo lo contrario: busca darle más poder a las élites que históricamente se han repartido el poder dentro de los partidos, validando el chantaje y la presión indebida que ellos mismo critican. Es una idea soberbia, retrograda y muy negativa para la ya desgastada imagen de los partidos”, señaló Bottinelli.

La iniciativa podría votarse en sala la primera semana de septiembre y  fue presentada por los senadores Camilo Escalona (PS), Andrés Zaldívar (DC), José Antonio Gómez (PRSD), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Pablo Longueira (UDI). “Esto huele a un proyecto de la derecha más conservadora, pero es sin embargo ¡es mayoritariamente de senadores de la Concertación! Pensamos que habían aprendido algo con la dura derrota en las elecciones presidenciales, pero esto muestra que el resguardo de las prerrogativas de los partidos sigue siendo su leit motiv, aun a costa de los ciudadanos comunes y corrientes”, comentó Botiinelli.

El presidente del Partido Progresista se reunió con el alcalde de Lima, Óscar Castañeda Lossio, con quien abordó la agenda del PRO en materia de integración regional

En el contexto de una gira a Perú, Marco Enríquez-Ominami se refirió a la polémica ocasionada tras la posibilidad de restituir al vecino país el buque de guerra Huáscar, capturado por la marina chilena durante la Guerra del Pacífico.

“Esta es una discusión absurda. Más que conservar trofeos de guerra debiéramos generar todos los espacios posibles de encuentro entre nuestros países, tenemos en común una enormidad de materias y, por lo mismo, nuestra colaboración recíproca debiera ser fundamental”, afirmó el presidente del PRO.

El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, tras una visita oficial a Lima dejó abierta la posibilidad de devolver el buque de guerra “Huáscar” a Perú, generando una ola de críticas tanto en la oposición como en la Alianza. “Perú hizo una importante devolución de parte de nuestro patrimonio al restituir a la Biblioteca Nacional libros importantes traídos a Chile tras la Guerra del Pacífico. Todos los gestos son importantes y Chile debe estar en sintonía con eso”, señaló Enríquez-Ominami.

En alusión a declaraciones de personeros de la Concertación que apuntan a que, en el año del Bicentenario, habría sido esperable que Perú no llevara el cuestionamiento de los límites con Chile a la La Haya, el presidente del PRO agregó: “La manera de resolver nuestras diferencias pasa por desarrollar puentes efectivos y eficientes hacia la integración de nuestros países. Llevar el tema a la Haya no puede entenderse como un acto agresivo, poco ético o ilegítimo, siendo éste un tribunal pertinente. Creo que una forma de evitar que los problemas lleguen a estos espacios pasa, por ejemplo, porque los parlamentarios de todos los sectores políticos entiendan que los gestos serios, sistemáticos y pertinentes dentro de una política responsable de Relaciones Exteriores, son fundamentales”.

El presidente del PRO realizó estas declaraciones en una visita que realiza a la ciudad de Lima donde se reunió con Óscar Castañeda Lossio, alcalde de Lima y uno de los políticos más prominentes de Perú. Castañeda casi cierra su segundo período como alcalde, momento tras el cual se lo señala como uno de los más seguros postulantes a la Presidencia de Perú.

Durante su visita, Enríquez-Ominami dictará una conferencia en el Instituto de Política y Cultura de Lima y desarrollará una intensa agenda de medios que incluye una entrevista con el escritor y periodista Jaime Bayly.